Francisco JavGzo

Disparar un arma es una acción que puede tener múltiples fines: desde probar puntería en una competencia con los amigos, cazar animales, hasta el terapéutico fin de liberar tensiones. No obstante, por sobre todo, las armas tienen el fin de la defensa. Pero para el correcto funcionamiento de un arma, ésta tiene que ser sometida a una mantención exhaustiva, minuciosa y periódica. 

Un arma requiere que el cañón no tenga obstrucciones que dificulten la salida de los gases de la explosión. Debido a esto, cuando un arma está taponeada con barro, ocurre que, al disparar, los gases producidos por la explosión no tienen una vía predeterminada de escape, por lo que éstos tratarán de salir a través de cualquier imperfección o fisura del cañón, pudiendo dañar el cañón en la gran mayoría de las oportunidades que esto ocurre, o dañar al portador del arma. El estado y la ciudadanía funcionan como la interacción del cañón de un arma con el barro: cuanto más responsabilidades decida entregar la ciudadanía al estado, mayor es la cantidad de barro que quita la ciudadanía del cañón del estado para depositarla en sus propios cañones, mientras que cuando aumentan las libertades ciudadanas —y, con ello, también las responsabilidades—, los ciudadanos quitan barro de sus cañones y lo depositan en el cañón del estado. El barro es el limitante de la libertad: más barro en el cañón significa menos libertad para quien lo porta. Sin embargo, la ausencia de la libertad (“el barro en el cañón”) no se hace notar hasta el momento en que, ante lo que se considera una amenaza, se jala el gatillo. En ese instante —cuando dispara el arma y ésta, debido a la obstrucción del cañón, se hace pedazos y queda inservible—, el individuo se percata de lo inútil de su condición ciudadana. Ante los cañonazos que pueda disparar el estado, al individuo con ciudadanía castrada, es decir, con el cañón obstruido con barro y destruido por lo anterior, no le queda más que aceptar la voluntad de este gran cañón centralizado y todopoderoso. Todo esto por no haber dimensionado con anterioridad los riesgos que conlleva la concentración del poder.

Los conservadores, nacionalistas cívicos y tercerposicionistas han tenido un largo romance con la figura del Estado pues éste les ha sido funcional para su estructuración de la sociedad como ellos quieren, es decir, el promover medidas que les son convenientes y agradables, por una parte, e imponer bajo amenazas de castigo que estas medidas se respeten. En esto, la amenaza de castigo es el elemento esencial, pues sin una promesa de violencia, las medidas impuestas son meras palabras vacías esperando a que alguien, de buena gana, las cumpla.  De esta manera, por una noción de responsabilidad social, han sido capaces de renunciar a algunas de sus libertades individuales para entregar al Estado el poder para hacer cumplir sus agendas, sin cuestionar mayormente las consecuencias de esta concentración del poder. Así, callan y apoyan que el Estado implemente medidas como la detención por sospecha —porque, claro, “quien nada hace nada teme” —, que la población se desarme y el Estado, a través de sus instituciones, tenga el control de las armas; han procurado que la legislación sobre el aborto no avance, es decir, conservar, i.e., estancar algo en un estado determinado, entre otras cuantas medidas que “liberan” al ciudadano de sus responsabilidades, velan por él, y lo hacen en el nombre del súmmum bonum — el bien común.

Sin embargo, el romance entre el conservadurismo y el estado está supeditado a la esperanza del primero a que el segundo va a ser funcional a su voluntad, lo que no siempre será obligatoriamente así. El estado no es funcional a las mayorías, sino que es funcional a los intereses de los grupos de presión que ejerzan su influencia sobre el estado y que lo secuestren, y los grupos de presión, al igual que una sucesión ecológica, pueden y serán reemplazados por otros nuevos si es que los grupos antiguos no se preocupan de mantener su hegemonía. Lo que antes se asumía por defecto, después puede ser abolido y proscrito. Lo único que no cambia es que el poder centralizado es un arma peligrosa si es que no se le pone límites. Los conservadores —que ayer apoyaban el principio que el estado fuera todopoderoso para poder así mantener la seguridad interna y la observancia de cierta batería valórica, es decir, las medidas con las que simpatizaban— en la actualidad se manifiestan en contra del poder que concentró el estado gracias a la abstención del cuestionamiento respecto a la figura omnipotente e infalible del mismo, ya que este último es considerado ajeno al conservadurismo porque ellos mismos son ajenos a los nuevos valores del estado, esto es, los valores de los que mantienen la hegemonía que ejerce presión sobre el estado. No sería de extrañar, entonces, el surgimiento de una corriente alternativa anarco-conservadora en respuesta a la corriente principal que se está imponiendo desde el estado.

El surgimiento de slogans como “a mis hijos los educo yo”, “menos estado, más familia” y el revuelo del Bus de la Libertad, obedecen a una reacción frente a la contingencia, algo preocupante, debido a que ha sido necesaria una acción que se considera como ofensiva para que exista una acción en sentido contrario que cuestione el poder del estado, i.e, ha sido necesaria la aprobación del proyecto de ley sobre identidad de género en la cámara alta para que algunos se den cuenta que no se puede disparar con un rifle que tiene el cañón tapado con barro, encendiendo la alarma de que la concentración excesiva de poder en el Estado repercute sobre el ciudadano en la castración última de sus libertades y responsabilidades, posicionando e imponiendo un súmmum bonum que no siempre está de acuerdo a lo que el individuo considera como correcto.